El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el abogado de Hispajuris Ángel E. Sánchez Resina frente a una editorial y su financiera, y ha anulado el contrato de compraventa de libros junto con la financiación del mismo. Un tipo de contrato que sirve a los fines de una práctica fraudulenta y abusiva dirigida contra personas mayores, lo cual ha motivado incluso la actuación del Ministerio Fiscal.
La forma de actuación de este tipo de empresas es siempre la misma, contratan con personas mayores a las que abordan en su domicilio cuando se encuentran solas. Una vez en la vivienda, las engatusan con ofertas y regalos para que firmen los contratos por los que se les hace entrega de diferentes objetos tales como enciclopedias, DVD o colecciones de arte. Junto con el contrato de compra se les hace firmar otro de financiación que les obliga al pago de un crédito que supera con creces el precio del objeto financiado.
Este modo de operar fue el seguido con la clienta de Hispajuris, quien suscribió un elevado contrato de financiación con una editorial por una enciclopedia. Por ello, se interpuso demanda frente a la editorial y la financiera solicitando que se anulase el contrato y se restituyeran las cantidades abonadas.
El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander, en su sentencia del 8 de marzo, estimó íntegramente la demanda por no cumplir las empresas demandas con las exigencias que impone la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LDGCU).
Concretamente, indica la sentencia que el contrato contraviene el art. 97 de la LGDCU al no identificar de manera precisa los bienes que se adquieren con el mismo, y tampoco recogía las exigencias del art. 102 de la LDGCU en relación con el desistimiento, que faculta al
El contrato, en palabras de la propia sentencia “resulta de difícil lectura”, algo contrario a los principios básicos de la contratación. Además, no se identificaba de forma correcta la dirección del empresario. Todos estos incumplimientos han llevado a que se declare la nulidad del contrato ya que los contratantes deban restituirse recíprocamente los elementos objetos del contrato.
Estos casos no sólo se han dado en Cantabria, sino que hay procedimientos idénticos en distintas comunidades autónomas. La similitud en los hechos ha propiciado que el Ministerio Fiscal haya iniciado diligencias de investigación por poder estar ante casos de estafa por ser el perfil del contratante siempre el mismo, personas mayores, que viven solas y carecen de recursos.